Lic. Jorge Padilla Cordero. (Consultor, Internacionalista especialista en Negocios Internacionales).
El Banco Central de Costa Rica en su plan anual había anunciado una cifra moderada para la inflación de este año y lamentablemente no se concretó. Lejos de alcanzar una aproximación, hace unas semanas la autoridad monetaria nos ha alertado sobre un incremento significativo en el Índice General de Precios y el Ejecutivo en homilía agostina en Cartago, ha anunciado recorte en el gasto para el próximo año debido a esta situación. Es una realidad: la inflación nos está golpeando y las poblaciones más desprotegidas están sufriendo las más nefastas consecuencias.
Han sido factores exógenos como los altos precios del petróleo, las crisis inmobiliarias y de alimentos los que han motivado a la especulación. Aunado a lo anterior, el factor endógeno ha sido la volatilidad del tipo de cambio en los últimos meses afectando las reservas y arcas de instituciones claves y manifestándose en una tendencia al alza en los productos primarios y servicios de primera necesidad. Lamentablemente, la capacidad de ahorro en una familia de ingresos promedios es casi imposible debido a la necesidad creciente de cubrir gastos bajo un mismo presupuesto.
La salida inmediata ha sido en muchos casos subsanada a través de una recurrencia desmedida a créditos rápidos con altas tasas de interés o bien, la utilización de tarjetas de crédito para cubrir necesidades básicas que antes no formaban parte de los presupuestos. Esta es una tendencia para observar con detalle y tomar precauciones para evitar caos financiero en el seno familiar, lo que degeneraría en mayor inestabilidad social.
Esta crisis que gradualmente nos está golpeando, incide negativamente en los niveles de confianza del sector industrial para invertir a largo plazo y en el sentimiento de pesimismo moral de nuestra ciudadanía, que cada vez se encuentra más limitada en su realización plena de vida digna. Es una alerta constante que nos debe llamar a la reflexión y pensar en actuar para evitar un repunte de la delincuencia como salida desesperada de muchas personas ante la dura situación económica que atraviesa nuestro país.
En este sentido y pese a lo anunciado por el gobierno, es fundamental mantener el apoyo sobre las poblaciones vulnerables claramente identificadas e insistir en la cooperación solidaria del sector empresarial para evitar que el recorte del gasto público anunciado, impacte estructuralmente los planes de acción que han dado buen resultado en la lucha contra la pobreza, pero sobre todo, para que la inversión social (en salud y educación) no disminuya para evitar una profundización de la brecha.
Por eso, no es conveniente enfocarlo como una ilusa filantropía, se trata de aprovechar las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial que tienen las empresas de productos y servicios domiciliadas en nuestro país y abandonar la idea de que el Ejecutivo administra un Estado asistencialista.
Ante este panorama de crisis, la noción de sobrevivencia económica debe ser un trabajo conjunto entre el sector empresarial, Gobierno y sociedad civil. Se trata por ende de apuntar hacia el empoderamiento de las asociaciones comunales, hacia el fortalecimiento de programas de pequeñas y medianas empresa, y a la consolidación de una banca de desarrollo eficiente, transparente y bien gestionada que no solo brinde los recursos sino que les dé y enseñe a usar a las personas involucradas, las herramientas para lograr utilidades que les permita satisfacer necesidades, invertir y gozar de una mejor calidad de vida.
Es importante recordar que el enfoque de la Responsabilidad Social Empresarial también es el mejor panorama o escenario para lograr el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos en el desarrollo de actividades económicas de pequeña, mediana y gran escala, debido a su base ética y su finalidad. He acá uno de los enlaces entre lo empresarial y lo moral para el pleno goce de las garantías inherentes a la vida.
La felicidad es un derecho humano consagrado en instrumentos internacionales, los cuales han sido ratificados por nuestros países, por tanto, la generación de políticas públicas, la puesta en marcha de las existentes y la garantía de vida digna es una responsabilidad ineludible del Estado como garante de nuestros derechos.
Los efectos directos de esta ola inflacionaria deben ser mitigados de inmediato con la exploración de estas iniciativas, donde el trabajo mancomunado es la forma más evidente de una democracia plena, participativa y no delegativa.
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